En nuestro país la actividad profesional debe ajustarse a las reglas y leyes que la regulan, si no se quiere incurrir en irregularidades o incluso fraudes. Las artes escénicas, en cuanto a actividad profesional, no están exentas de esta regulación. Todo individuo o colectivo de individuos que quieren desarrollar de forma profesional esta actividad deben cumplir con la legalidad administrativa, normas del mercado laboral y obligaciones fiscales que marcan nuestras leyes.
Por otro lado nuestras leyes contemplan también la posibilidad de que individuos y colectivos puedan realizar actividades relacionas con las artes escénicas desde el amateurismo, para lo que tendrían que cumplir con las normativas que regulan el movimiento asociativo y mas concretamente las referentes a asociaciones culturales.
Dos formas, dos modelos de desarrollar esta actividad cultural: el profesional y el amateur. Cada individuo, o colectivo, interesado en las artes escénicas es muy libre de elegir el modelo que mejor se adapte a sus necesidades o condiciones para desarrollar su afición o vocación, pero una vez elegido estará obligado a cumplir con las normativas que regulan cada uno de estos modelos.
Si el modelo elegido es el de amateur deberá aceptar, entre otras cosas, que su actividad es de aficionado y que en ningún caso podrá obtener remuneraciones económicas por practicarla.
Si el modelo elegido es el profesional deberá aceptar todas las obligaciones que esto implica: altas en registros administrativos, pago de salarios y de seguros sociales, obligaciones fiscales….etc.
Ocurre, por desgracia, que estas premisas, por muy obvias que resulten, no siempre se cumplen. Hay individuos y colectivos que incumplen sistemáticamente con la legalidad y que perciben “salarios” a pesar de ser aficionados o que no pagan seguros sociales a pesar de llamarse profesionales.
Nos hemos acostumbrado a aceptar como normal el hecho de que un grupo aficionado perciba cachet por representar una obra determinada. Parece ser que se han ganado este derecho, el de percibir cachet, en base al esfuerzo y los gastos que les acarrea el montaje de esa obra, y yo me pregunto: ¿Qué afición no requiere esfuerzo y gastos? ¿Acaso los aficionados a otras disciplinas culturales o deportivas perciben dinero por el esfuerzo y gastos que les supone su práctica? ¿Qué diferencia, por ejemplo, al aficionado al teatro del aficionado al esquí? El aficionado al esquí paga de su propio bolsillo el equipamiento, transporte e incluso el uso de las instalaciones públicas necesarias para desarrollar su afición ¿Por qué entonces el aficionado al teatro exige que se le paguen los desplazamientos, las dietas, los gastos del montaje o del alquiler de locales de ensayo? ¿No basta con que se les cedan gratuitamente instalaciones culturales para el desarrollo de su afición sino que además hay que costearles su hobby?
Para mi la respuesta a estas interrogantes está clara: las instituciones públicas han confundido los términos y mezclado “churras con merinas”. Las causas, a mi entender, de esta confusión son fundamentalmente dos: por un lado han sucumbido a la presión de una parte del sector amateur que exigía esas “prebendas” (ya sabemos del temor de los políticos al movimiento asociativo) y por otra han buscado cubrir un servicio que les deben a los ciudadanos de manera más económica ¡Por qué voy a gastarme tres mil en un grupo profesional si uno aficionado me lo hace por mil! Y claro, como el nivel cultural de una buena parte de los responsables político-culturales no da para distinguir calidades artísticas hemos llegado… a donde hemos llegado.
Yo no le voy a negar a nadie su derecho a considerar que lo que él hace va más allá de la afición y que tiene la suficiente calidad como para poder ser digno de percibir cachet. Pero si que le voy a pedir que, en vista de que el cachet debería llevar implícito (al menos desde el punto de vista ético) la prestación de un servicio profesional, adecuen su estatus legal para poder percibirlo, ya que, mientras la ley no diga lo contrario, los servicios profesionales solo los pueden prestar las empresas. No obstante podría darse el caso de que una asociación de aficionados necesitase de personal profesional para desarrollar su actividad, como por ejemplo un administrativo o un técnico especializado, con lo que esa asociación estaría ética y legalmente autorizada para percibir un cachet en concepto de los gastos que le acarrea ese personal, aunque, y creo no equivocarme, son muy pocas las que, en el campo del teatro, disponen de este personal.
Por otro lado existen compañías de profesionales que trabajan con una deficiente cobertura laboral. Existen individuos y colectivos que “juegan con dos barajas” y ofertan un mismo espectáculo bajo el epígrafe de asociación cultural o de empresa en función del mercado al que se dirigen. A estos individuos y colectivos les quiero pedir que reflexionen y abandonen estas prácticas que enturbian y denigran las artes escénicas y que suponen una clarísima competencia desleal para quienes actúan en coherencia con el modelo legal que han elegido.
A las administraciones públicas ya no les voy a pedir: les voy a exigir, porque estoy en mi derecho, que pongan orden en el caos que ellos mismos han provocado con su política respecto al teatro aficionado y que extremen las medidas de control para evitar prácticas que están al margen de la legalidad y que van en contra del interés general por una cultura de calidad, transparente y ordenada.
Carlos Tapia
